Iniciativa fue despachada al senado en su tercer trámite, buscando financiar e invertir en proyectos directamente o a través de nuevas concesiones.
Su respaldo durante la discusión en sala y su posterior satisfacción mostró la diputada Marcela Hernando (PR) tras la aprobación del mensaje presidencial que crea una sociedad anónima del Estado, denominada “Fondo de Infraestructura S.A.”. El texto legal permitirá al país invertir sus activos generados por el término de concesiones de infraestructura en nuevas carreteras, obras aeroportuarias y ferroviarias, entre otras.
Funciones
Entre las prerrogativas de la nueva empresa estatal se considera financiar e invertir en proyectos directamente o a través de terceros, además de elaborar estudios; construir, reparar, conservar ampliar, explotar y desarrollar proyectos de infraestructura, solo a través de terceros; constituir sociedades anónimas filiales y desarrollar diseños de infraestructura, entre otras funciones.
“Ha habido un aprendizaje estas dos décadas con la Ley de Concesiones, que nos permite decir que nos interesa que el Estado tenga una participación en esto, y por eso se crea entonces una empresa estatal y un fondo destinado a fomentar lo que va a ser la oleada de infraestructura 2.0 en nuestro país”, enfatizó la legisladora y jefa de bancada del Partido Radical.
Deuda
“En regiones existe todavía una deuda pública muy grande en materia de infraestructura, y por lo tanto la creación de este fondo y de esta empresa estatal es algo que ha tenido un tremendo apoyo, y que esperamos que signifique un florecimiento nuevamente de lo que es la infraestructura en nuestro país”, señaló Hernando, quien forma parte de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación.
Política de concesiones
Fue en mayo de 2014 que la parlamentaria solicitó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Obras Públicas una revisión a la política de concesiones del fisco, en atención a la necesidad de que los procesos puedan ser pensados, evaluados, definidos y ejecutados con mayor reflexión y participación de más estamentos del estado; autoridades e incluso de la comunidad.
“En aquella oportunidad hice saber mi crítica a la Ley de Concesiones de radicar en un centralizado Ministerio de Obras Públicas no sólo la potestad de elaborar el reglamento para cada proceso, sino que también el poder de decisión sobre todo lo relativo a su implementación, pudiendo incluso modificar de forma inconsulta varios aspectos de los contratos, dejando de lado a las regiones y sus municipios, y por ende su capacidad de influir en proyectos que impactan en su realidad local”, recordó Hernando en su intervención, reconociendo el interés del ejecutivo por subsanar la situación.

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